EDOUKOUKRO, Costa de Marfil.- Kouakou Kinimo es un productor de cacao bastante típico. Trabaja una pequeña explotación en Costa de Marfil, cerca de la frontera con Ghana; a los 52 años, está por alcanzar la esperanza de vida de un hombre de África Occidental, y, como muchos otros agricultores, no quiere que ninguno de sus seis hijos siga sus pasos. “Sufro”, expresa sentado debajo de un árbol que gotea vainas de cacao verde: “trabajé muy duro y no tengo nada para mostrar”.

El Cocoa Barometer, un informe bianual publicado por grupos de la sociedad civil, calcula que los agricultores reciben sólo el 6,6 % del precio de venta de una barra de chocolate. El año pasado, una encuesta de Fairtrade International reveló que sólo el 12 % de los hogares de cultivo de cacao de Costa de Marfil gana U$S 2,5 por persona y por día, punto de referencia del ingreso mínimo vital.

La situación desespera a Kinimo, que perdió un dedo de la mano izquierda en un accidente en su plantación. “No es normal en absoluto que ellos, los que comen el chocolate, fijen el precio. El productor debería fijar el precio”, protesta.

Precio mínimo

En un intento de aliviar la situación de Kinimo, Costa de Marfil y Ghana, que producen más del 60 % del cacao del mundo, acaban de unirse para imponer un precio mínimo que las compañías de chocolate deberán pagar cuando deseen acceder a su cacao. Según el plan, los dos países fijarán el precio mínimo en U$S 2.600 por tonelada.

Sin embargo, los actores de la industria, los activistas de comercio justo e incluso los demás países productores están divididos sobre si una estrategia de fijación de precios es la respuesta adecuada. Mientras que algunos aplauden el objetivo de utilizar su participación en el mercado para mejorar los ingresos de los agricultores, otros temen que la estrategia empuje a las compañías a comprar sus granos en otros lugares. “Si tienen un modelo que se basa en la explotación bruta de los proveedores, simplemente no puede funcionar de manera sostenible”, considera Edward George, un experto independiente en cacao.

En cambio, los grupos de defensa de los agricultores han aplaudido la decisión, que se produce cuando los dos vecinos buscan forjar vínculos más estrechos después de décadas de rivalidad. “La única forma en que la sostenibilidad del cacao va a pasar de ser una aspiración a una realidad es a través de este tipo de acción coordinada sobre el precio”, pronostica Jon Walker, asesor principal de cacao de Fairtrade International.

Un primer paso

Aunque el precio mínimo de U$S 2.600 está U$S 1.000 por debajo del nivel que habría asegurado un ingreso vital para los agricultores la temporada pasada, Walker cree que este es el primer paso.

Los actores de la industria del chocolate, por su parte, confiesan que el precio mínimo es menos radical de lo que temían. “El precio promedio durante los últimos 10 años, o incluso desde el 2000, está en algún lugar entre U$S 2.400 y U$S 2,600, por lo que el mínimo sugerido no puede considerarse irrazonable”, explica Pam Thornton, consultora de la británica Nightingale Investment Management.

Pero no todos están felices. Por ejemplo, el jefe de la asociación de cacao de Nigeria, el cuarto mayor exportador del mundo, acusa a Ghana y Costa de Marfil de no consultar a otras naciones productoras. Y mientras los Gobiernos de Costa de Marfil y Ghana aseguran que los exportadores de cacao, procesadores y fabricantes de chocolate conocían el plan, varios de ellos replican que la industria se enfrentó a un hecho consumado.

En cualquier caso, Michiel Hendriksz, de la Fundación FarmStrong, redujo el impacto de la decisión: “instituir un precio mínimo no hace nada para regular el suministro, que es cómo la OPEP influye en los precios mundiales del petróleo”.

Mientras tanto, Kinimo adopta un enfoque de esperar y ver. Después de todo, está fuera de sus manos: “yo tengo que hacer esto. No tengo ningún otro trabajo”, se resigna.